Auribel Mera

Resumen esquemático del procedimiento de la Acción Directa en Inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional Dominicano, según la normativa vigente sobre el tema, con datos jurisprudenciales sobre los requisitos de esta instancia o escrito.

Como es de conocimiento público, el proyecto de reglamento sometido por el magistrado Eddy Olivares a la Junta Central Electoral (desde ahora JCE), fue rechazado de plano, contando solo con el apoyo de sí mismo en el pleno, de dicho proyecto que intenta regular la propaganda y controlar el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral, se han externado distintas opiniones del por qué fue rechazado. Una de ellas, y a nuestro parecer la que mayor trascendencia jurídica tiene, es la opinión de que dicho reglamento plantea cosas que no existen mediante una ley y que por lo tanto no es potestad de la junta central electoral la creación de este, sino que debe dirigirse a la burocracia de nuestro congreso como un proyecto de ley, para ser debatido como el proyecto de ley de partidos políticos. No siendo materialmente posible que sus disposiciones, aunque atinadas, estén vigentes al momento de los comicios actuales.

Se entiende como género al conjunto de variables que condicionan a las personas a través de su proceso de socialización, dicho proceso divide a las personas en dos grandes facciones, las que pertenecen al grupo del sexo femenino y las que pertenecen al grupo del sexo masculino. El género permite diferenciar las características biológicas y naturales de ambos grupos, pero también aquellas características que son aprendidas (Bautista, Castillo, Mariot, Rodríguez, & Pérez Lora, 2002).
Es por esta razón que algunos autores entienden que el género es básicamente una condición social y cultural históricamente construida. Sin embargo, esta construcción social no puede devenir en la violación impune de derechos humanos, entendiendo que los seres humanos poseen derechos que le son inherentes y anteriores, sin importar el rol social que se le intente adjudicar por diversas razones. Los Estados sociales y democráticos de Derecho se fundamentan en principios constitucionales, uno de estos principios es la igualdad, que propugna por la no discriminación de los individuos por cual que sea razón, entre ellas razones de género o vínculos familiares. Empero, esta concepción de la igualdad no debe aprovechar únicamente a la mujer, no obstante, por circunstancias socio­culturales las legislaciones se han visto en la necesidad de proteger a este grupo por su especial condición de vulnerabilidad, dejando de lado a la otra facción.

Se trata de una pequeña explicación de la importancia socio jurídica de la introducción del Libre Desarrollo de la Personalidad al ordenamiento jurídico dominicano, y una breve reseña de su llegada a dicha legislación, además de una comparación de textos constitucionales.