Gabriel Arriarán

Antiguamente, con una bolacha de caucho. Luego, con unos cuantos miles de pies tablares de caoba. Hoy, con una botella de Coca-Cola de dos litros llena de hojuelas de oro. Estos emprendedores encarnan los límites del Estado en la frontera. Alérgicos a la burocracia, las relaciones piramidales que establecen con sus trabajadores difícilmente serían compatibles con el proceso de formalización de la actividad minera que ha emprendido el Estado peruano con una Declaración Única de Compromiso; mediante esta el minero informa bajo juramento que tiene una concesión, un título minero, un petitorio o derechos mineros aprobados, y que de esas tierras tiene planeado extraer oro. El documento no es todavía una autorización para iniciar una operación aurífera, pero así es como funciona. Al minero le sirve para comprar insumos, maquinarias, y para vender su oro con un mínimo grado de legalidad. Es decir, más que el inicio del proceso de formalización de una actividad económica, lo que ha hecho el Estado peruano es instituir un sistema masivo de blanqueo de oro de procedencia ilegal.Si algo está claro es que los impactos que la minería ha producido en este lugar no solo son visibles en el medio ambiente. También lo son en las personas, en la sociedad, en las relaciones que organizan a la política regional, en la institucionalidad bancaria y estatal. Toda la corrupción, todo el odio y todo el crimen del sistema financiero mundial se ha concentrado aquí, y se destila como un ácido químicamente puro sobre la selva y sobre su gente.

Esta particular aventura etnográfica e intensa investigación sobre las modalidades y las rutas que emplean los tratantes de personas en la Amazonía peruana para seducir a sus víctimas y conducirlas hasta los lugares en los que ocurren diversas modalidades de explotación se ha valido de una sistemática recolección bibliográ ca sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en la selva peruana, de la revisión de las crónicas rojas de los diarios amazónicos, del recorrido por los ríos Amazonas, Marañón y Ucayali hacia el interior del país y de la carretera Interoceánica a lo largo del corredor minero de Madre de Dios, y de la recolección de datos en pueblos tomados por el narcotrá co o en campamentos de la minería ilegal.
Uno de los principales retos de la investigación fue dotar a la descripción de estas rutas de algo más que un contenido geográ co. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo tanto de forma táctica —las vías geográ cas y los controles por los que atraviesan los tratantes y sus víctimas en su camino a los lugares donde estas serán explotadas—, como de manera etnográ ca —el proceso por el cual las víctimas son despojadas de una serie de derechos y producidas como esclavos y esclavas—. Tal como se describen aquí, las rutas de la trata no son solo la diversidad de caminos y vías de transporte entre los que un tratante puede elegir para llevar a sus víctimas de un punto A un punto B. Son, sobre todo, la serie de pasos por los que un individuo es producido como víctima poten- cial, desde las propias condiciones de vulnerabilidad en su lugar de origen y, a lo largo del camino, es paulatinamente despojado de los derechos que, precisamente, lo cons- tituyen como persona, hasta acabar convertido en un mero objeto de cambio o, más precisamente, en una deuda, la cual será, para la víctima, muy difícil de saldar y podrá ser puesta a la venta para que algún otro explotador compre a la persona misma.
Tácticamente, el trabajo de campo hecho para este estudio recorre tres rutas longi- tudinales entre la ceja de selva y la Amazonía, o viceversa. De norte a sur, la primera recorrió desde de la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia hasta Nueva Cajamarca, en el departamento de San Martín; pasó por Iquitos, Nauta, el río Marañón, Yurimaguas, Tarapoto, Moyobamba y Nueva Cajamarca. La segunda, se inició en Huánuco rumbo a Pucallpa, haciendo una bifurcación por la antigua zona cocalera de Tocache y Uchiza, para llegar, luego, hasta Iquitos a través del rio Ucayali, para lo cual pasó por las provin- cias de Ucayali y Requena, en Loreto. La tercera, comenzó en la ciudad del Cusco, por la carretera Interoceánica, por la seguidilla de pequeñas ciudades y pueblos que, uno después de otro, conducen hasta Puerto Maldonado, Madre de Dios: Urcos, Ocongate, Quincemil, Mazuko, Huepetuhe y La Pampa. Cada ruta, por su parte, ha sido dividida en los pasos que constituyen tanto a la cadena como al propio delito de la trata: la capta- ción, el traslado y la explotación de una víctima. Además, como un eje transversal, se ha añadido un análisis del rol que juega el Estado en cada uno.

Los asentamientos informales son una característica importante de las áreas urbanas de la región de América Latina y el Caribe, cuyos habitantes son particularmente vulnerables a las inundaciones. Ante esta situación se ha reconocido, en los últimos años, la importancia de incorporar enfoques de desarrollo del mercado en una estrategia integrada de reducción del riesgo de inundación hacia la resiliencia.

desarrollo sostenible de la población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y diseminación de tecnologías apropiadas. Soluciones Prácticas es la o cina regional para América Latina de Practical Action, que cuenta con o cinas en África, Asia, Europa y América Latina. Con sede en Lima, coordina el trabajo en la región de las o cinas de Perú y Bolivia. Trabaja a través de sus programas de Sistemas de Producción y Acceso a Mercados; Energía, Infraestructura y Servicios Básicos; Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático y las áreas de Control de Calidad, Administración, Finanzas, Comunicaciones y Soluciones Prácticas Consultorías (Practical Action Consulting).

En la provincia Espinar, en Cusco, pobladores de comunidades campesinas viven con excesos de minerales en sus cuerpos al pie de depósitos de desechos mineros de la antigua Xstrata Tintaya, hoy en manos de Glencore, el gigante suizo que controla el 50% del mercado mundial de cobre.

La empresa minera Volcan y sus accionistas aparecen vinculados por lo menos a nueve sociedades creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca. Pero entre estas compañías constituidas en paraísos fiscales, sobresale el caso de una offshore que sirvió para triangular la compra de terrenos para el megapuerto de Chancay, donde están en juego más de dos mil 800 millones de dólares. Esta es la operación secreta de Volcan, la compañía con más infracciones ambientales en casi una década en Perú, que se hizo a espaldas de un pueblo de pescadores que se oponía al proyecto por temor a que se contamine su bahía. Las revelaciones transitan entre las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, la costa y los Andes peruanos.