Delito y Sociedad, número 47, año 28, 1º semestre 2019, pp. 127-152, 2019
Malcolm Feeley y Jonathan Simon, dos reconocidos académicos del campo criminológico y la sociolog... more Malcolm Feeley y Jonathan Simon, dos reconocidos académicos del campo criminológico y la sociología del derecho, son los autores de dos textos claves publicados a inicios de los años noventa del siglo pasado. En 1992, la revista Criminology publicó su trabajo The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications, traducido prontamente al castellano tres años después en los números 6/7 de la Revista Delito y Sociedad. Mientras tanto, en 1994, publicaron una nueva contribución en la obra colectiva The Futures of Criminology, editado por David Nelken, bajo el título Actuarial Justice: the Emerging New Criminal Law. Al cumplirse veinticinco años de esta última publicación, presentamos una entrevista realizada a ambos sobre el pasado, presente y futuro de estos desarrollos teóricos. La entrevista se realizó en el Center for the Study of Law and Society, Universidad de California en Berkeley (EEUU), en febrero de 2018. Forma parte de The Oral History of Criminology Project, y se encuentra disponible en formato audiovisual para su reproducción en la siguiente página: https://www.youtube.com/watch?v=XprWylT4tPE&feature=youtu.be. La traducción de la entrevista fue realizada por Juan Carlos (Junior) Ruas (UBA/INECIP), con la posterior revisión y notas aclaratorias de Mariano Sicardi.
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que la mayoría de aquel tribunal sustentara pocos años antes en “Apprendi vs. New Jersey” (2000) y, en gran medida, cuestiona la constitucionalidad de las históricas facultades de los jueces profesionales de imponer penas con prescindencia del jurado, en un sistema de penas fijas o determinadas
(determinate sentencing) orientado por sentencing guidelines.
Así pues, el fallo que brevemente comentaremos resulta de interés por numerosas razones. En primer lugar, permite conocer la extensión actual que un tribunal tan significativo en la materia como la Corte Suprema de los EE.UU. otorga a la garantía a un juicio penal por jurados. Así también, ayuda a estudiar algunas de las facultades de los jueces y jurados
estadounidenses y la extensión de las reglas de valoración de las pruebas (evidence rules) en materia punitiva.
que la mayoría de aquel tribunal sustentara pocos años antes en “Apprendi vs. New Jersey” (2000) y, en gran medida, cuestiona la constitucionalidad de las históricas facultades de los jueces profesionales de imponer penas con prescindencia del jurado, en un sistema de penas fijas o determinadas
(determinate sentencing) orientado por sentencing guidelines.
Así pues, el fallo que brevemente comentaremos resulta de interés por numerosas razones. En primer lugar, permite conocer la extensión actual que un tribunal tan significativo en la materia como la Corte Suprema de los EE.UU. otorga a la garantía a un juicio penal por jurados. Así también, ayuda a estudiar algunas de las facultades de los jueces y jurados
estadounidenses y la extensión de las reglas de valoración de las pruebas (evidence rules) en materia punitiva.
La tortura es una práctica estructural de suma gravedad de los sistemas penales del mundo entero, pero, a la vez, en nuestro país y desde que se impuso la democracia, es castigada como el delito más grave contra el orden institucional, tanto por la reforma al Código Penal que la sanciona con penas similares a las del homicidio simple, como por los compromisos internacionales suscriptos por la Argentina, no casualmente en esos mismos años.
En verdad, mucho tiempo antes, exactamente doscientos años atrás, el 21 de mayo de 1813, en Buenos Aires, la llamada Asamblea del Año XIII dictó un decreto para aclamar la prohibición del detestable uso de los tormentos y los instrumentos destinados a esos efectos. Es claro que la prohibición de la tortura, e incluso su consideración delictiva, no fue acompañada de la desaparición de su uso, sino que, por el contrario, como en muchos otros lugares, esta práctica continuó siendo esencial a la práctica de los sistemas penales.
En homenaje a este acontecimiento local y bicentenario, este libro se justifica como un intento por atacar la perplejidad intelectual a la que hasta hoy día nos somete la existencia de un fenómeno como la tortura
El relato comienza en la Europa del siglo XIII con el examen del castigo, la tortura legal y el sistema de “penas arbitrarias” del continente y aquél de conmutaciones y perdones aplicado en Inglaterra por reyes y jurados; prosigue con el desarrollo de la reforma penal iluminista del siglo XVIII que traerá el sistema de penas fijas, pero también la guillotina y la ocasión para constituir a la cárcel como pena dominante. Asimismo, examina en el siglo XIX los enérgicos debates del correccionalismo penal y el positivismo criminológico europeo que verán en los EE.UU. el firme desarrollo (y luego la crisis) de la ideología resocializadora y el sistema de penas indeterminadas. Más tarde, este último país será sinónimo de sobrepoblación penitenciaria y llevará a cabo uno de los intentos más extremos e influyentes (y menos conocidos en nuestro ámbito) de racionalizar la imposición de los castigos las sentencing guidelines marcando un momento decisivo en el panorama penal actual, en el que el resto de Europa y Latinoamérica, extrañadas y con sus propias historias, rescatan del olvido la importancia de la determinación de la pena.
La idea que los actuales órdenes normativos estatales atraviesan una crisis existencial goza de amplio consenso. Esta crisis afecta a todas las ramas del derecho, no solo el derecho penal, íntimamente ligado al poder del Estado, y plantea algunos interrogantes ineludibles: ¿cómo hacen frente los sistemas penales concebidos a nivel nacional a los desafíos de la internacionalización?; ¿cómo responde el sistema de derecho penal a las nuevas formas de delincuencia?; ¿qué podemos decir de la influencia de las nuevas técnicas de vigilancia y enjuiciamiento en el desarrollo del derecho penal?; ¿estamos frente a una configuración radicalmente nueva en cuanto a las instituciones que proporcionan seguridad a las sociedades modernas?; ¿cómo pueden procesarse las exigencias de mayor reconocimiento de la diversidad social en los sistemas actuales?
Desde la perspectiva de la Historia del Derecho, muchos de los elementos que hoy se consideran como desafíos ya lo eran para los sistemas gubernamentales latinoamericanos al momento de incorporar los esquemas modernos de derecho penal. Creemos que América Latina como región nos ofrece un campo particularmente interesante de estudios de casos que permiten analizar estas cuestiones, ya que el proceso de crear un sistema de justicia penal y una estructura de seguridad de carácter unitario y nacional se enfrentó a problemas de control territorial, migración masiva, así como de diversidad étnica, funcional y cultural. De hecho, en países como la Argentina, el proceso de codificación penal coincidió con la migración masiva, el crecimiento de la comunicación y la cooperación internacional y el desarrollo de nuevas teorías, técnicas e instituciones criminológicas. Por otra parte, es evidente que el lugar que ocuparían los pueblos originarios en los ordenamientos jurídicos nacionales emergentes suponía importantes tensiones para los incipientes Estados-nación.
Por ende, la investigación histórica del derecho puede contribuir a las discusiones contemporáneas en la medida en que sea capaz de reexaminar y contextualizar de manera crítica los supuestos subyacentes esenciales de los debates actuales, como el presunto carácter aperturista de los sistemas penales, la importancia y la aplicación del principio de igualdad y los "puntos ciegos" de la acción legislativa. ¿Qué tan "abiertos" eran estos ordenamientos jurídicos, tanto en la teoría como en la práctica? ¿Qué discursos sociales apoyaron esta construcción y cómo evolucionaron con el tiempo? ¿Cómo se aplicaban las leyes? ¿Qué técnicas y doctrinas jurídicas orientaban e inspiraban la acción legislativa? ¿Cuál era la postura del sistema penitenciario? ¿Cumplía el cometido legislativo? ¿Qué ocurría con las prácticas institucionales en el sistema penitenciario? ¿Existían políticas y prácticas integradoras destinadas a proporcionar seguridad, independientemente de los sistemas constitucionales? ¿Qué papel desempeñaban las fuerzas armadas? ¿Cómo se encaraban o se desatendían los problemas de diversidad étnica, cultural y funcional desde la legislación, la doctrina jurídica, la criminología y el sistema penitenciario?
Este Seminario, de dos días duración, en que participan especialistas europeos y sudamericanos, contempla la planificación de la investigación, el intercambio de ideas a través de un diálogo abierto y el tratamiento de temas concretos sobre los que es preciso profundizar. En resumen, el objetivo general del Seminario es facilitar un diálogo entre la teoría jurídica y la Historia del Derecho, reflexionar sobre los desafíos fundamentales que plantea la globalización para el sistema de derecho penal que se desarrolló a partir de los procesos de codificación de los siglos XIX y XX tanto en Europa como en América Latina, y promover perspectivas de investigación histórica sobre derecho penal y diversidad.
El Seminario se desarrollará en tres bloques temáticos, a saber: 1) Derecho Penal y Teoría del Derecho; 2) Experiencias históricas argentinas y 3) Métodos y perspectivas.
Profesores argentinos serán invitados a exponer junto con el director del seminario
shortcomings. This short essay deals with one of those shortcomings, i.e., the disregard for economic or white-collar crimes
in both areas of research. Within Criminology and despite the
almost 100 years passed since the work of Sutherland,1 the
study of economic crimes is still marginal while ordinary
offences remain as the focus of mainstream research. In the
Transitional Justice field, the bloody crimes of murder, torture
or disappearance are generally in the spotlight, hiding the economic and financial ventures that happen behind-the-scenes.
The result is that economic actors with the power to foster
dictatorships or a country’s bankruptcy, remain immune not
only to the criminal justice system but also to scholarly
research.
To cite this work/Para citar este trabajo: Valeria Vegh Weis and Diego Zysman “White Collar-Crime (or the Remaining BlindSpot in Criminology and Transitional Justice).” Journal of White Collar and Corporate Crime, vol. 1., 2021, pp. 1-3.