Convenio 169

I. Introducción. II. Contenido del estatuto especial de las tierras indígenas en la Ley N° 19.253. A) Inscripción en el Registro Público de Tierras Indígenas de CONADI del artículo 15; B) Limitaciones al dominio del artículo 13. a. Enajenaciones. i. Primera excepción: la permuta del artículo 13. ii. Segunda excepción: Divisiones y enajenaciones para la construcción de locales religiosos, comunitarios, sociales o deportivos, con la autorización del Director Nacional de la Corporación del artículo 17. b. Gravámenes. c. Embargos. d. Prescripción. e. Arrendamientos, comodatos y cesiones en uso, goce o administración respecto a tierras de Comunidades Indígenas. f. Arrendamientos, comodatos y cesiones en uso, goce o administración respecto a tierras de personas naturales indígenas. C) Subdivisión de tierras indígenas de los artículos 16 y 17. a. Subdivisión de las tierras indígenas provenientes de títulos de merced del artículo 16. b. Subdivisión de tierras resultantes de la división de las reservas y liquidación de las comunidades de conformidad al Decreto Ley Nº 2.568, de 1979, y subdivisiones de comunidades de hecho que se practiquen de acuerdo a la Ley Nº 19.253, del artículo 17. c. Las subdivisiones de otras tierras indígenas. D) Exención del impuesto territorial del artículo 12 inciso final. E) Autorización de mujer con la que se ha formado familia del artículo 14. F) Sucesión sobre tierras indígenas del artículo 18. G) Conciliación y procedimiento especial respecto a juicios que involucren tierras indígenas, de los artículos 55 a 59. H) Normas especiales de las tierras no indígenas adquiridas con cargo al Fondo de Tierras y Aguas del artículo 22. III. Conclusiones. IV. Bibliografía.

Sumario: I. Introducción. II. La Ley Nº 19.253, de 1993 y las tierras indígenas. 1. La tierra indígena en la base de la protección legal. 2. Principales figuras de la Ley Nº 19.253 relacionadas a la calificación de tierras indígenas. a. El Registro Público de Tierras Indígenas. b. El Archivo General de Asuntos Indígenas. 3. Visión de las tierras indígenas en la Ley Nº 19.253. 4. La tierra y el territorio indígena como conceptos jurídicos. 5. El concepto jurídico de tierra indígena. 6. La complejidad de la calificación de las tierras indígenas. III. La calificación de tierras indígenas en la praxis inmobiliaria. 1. La labor de calificación de tierras indígenas. 2. Jurisprudencia en reclamaciones por negativa a inscribir debido a calificación de tierras indígenas por parte de Conservadores de Bienes Raíces y efectos negativos derivados. 3. ¿Quién califica las tierras indígenas?. IV. Conclusiones.

Palabras claves: Tierras indígenas; calificación de tierras indígenas; calificación registral.
Keywords: Indigenous lands; determination of the indigenous quality of real estates; control of property registration.

Sumario: I. Introducción. II. Breve referencia histórica al desarrollo del estatuto especial de las tierras indígenas. III. Principios básicos que informan el estatuto especial de las tierras indígenas en la Ley N° 19.253. IV. Naturaleza del estatuto especial de las tierras indígenas: ¿estatuto real o personal?. V. Situación de los inmuebles indígenas actualmente inscritos en los registros conservatorios de bienes raíces a nombre de indígenas de otra etnia o no indígenas. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

Palabras clave: tierras indígenas, estatuto especial de tierras indígenas, Ley Nº 19.253.
Keywords: indigenous lands, special regime of indigenous lands, Law Nº 19.253.

Análisis de la Declaración de las Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007  en el contexto del sistema universal de protección de los derechos humanos, así como en el marco regional americano.
Analysis of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of 2007 in the context of the universal system of protection of human rights, as well as in the American regional framework.

La idea de esta ponencia es echar luz sobre algunos de los límites implícitos en la adopción del multiculturalismo liberal como fundamentación de los derechos indígenas en el derecho internacional de los derechos humanos. Para ello, primero explicaré por qué afirmo que el Convenio 169 es una expresión normativa del multiculturalismo liberal y por qué esto constituye un problema. Luego mostraré que los principales organismos internacionales, cuando revisan cuestiones que implican territorios indígenas, recurren a los conceptos centrales del multiculturalismo liberal, esto es, identidad y cultura, evitando así plantear el conflicto como una cuestión de soberanía, estableciendo así sus límites.

En este artículo abordaremos interrogantes y argumentos en torno a la memoria colectiva que los miembros del pueblo charrúa comenzaron a plantear hace más de veinticinco años en Uruguay, en una época en la que se autoadscribían como descendientes. En el marco de los debates en torno al colonialismo de colonos —que sustentan la ideología de blanqueamiento y de la excepcionalidad de los países del Plata— repasaremos las trayectorias que los llevaron a consolidarse como sujetos políticos en términos de aboriginalidad (o indigeneidad). Posicionados como charrúas (y en algunos casos también como descendientes), diversos colectivos cuestionan los dispositivos que niegan su existencia —a través de la premisa de que “en Uruguay no hay indios” — y demandan la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Analizaremos asimismo cómo las continuidades y las interrupciones en la transmisión intergeneracional impactaron en los procesos de reemergencia indígena —a los que consideramos en relación con los debates sobre etnogénesis— y nos detendremos particularmente en las acciones contra los olvidos y los silencios que emprenden colectivamente, entre las cuales se encuentran diversos proyectos llevados a cabo en el marco de la etnografía colaborativa.

Abstract: In this article, we will address questions and arguments about the collective memory that members of the Charrua People began to raise more than twenty-five years ago in Uruguay, at a time when they self-identified themselves as Descendants. In the framework of the debates about settler colonialism—which support the ideologies of whitening and exceptionality of the countries of the Plata—, we will examine the trajectories that led them to consolidate themselves as political subjects in terms of aboriginality (or indigeneity). Positioned as Charruas (and in some cases also as Descendants), various collectives question the dispositifs that deny their existence—through the premise that “there are no Indians in Uruguay”—and demand the ratification of the ILO Convention No. 169. We will also analyze how the continuities and the interruptions in the intergenerational transmission impacted on the indigenous re-emergence—a process that will be considered in relation to the debates on ethnogenesis—and, particularly, we will stop on the collective actions against forgetting and silences, including among them several projects carried out within the framework of collaborative ethnography

En el presente escrito exponemos algunas ideas generadas en un grupo de
investigación interdisciplinaria que trabaja en el PROIMMSE/UNAM,
ubicado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. En él abordamos un
tema central en la actualidad: el reconocimiento de los derechos de los
pueblos indios en la legislación internacional y la nacional, así como su
vigencia y respeto en la vida cotidiana en el estado de Chiapas.

Sumario: I. Introducción. II. Concepto jurídico de tierras indígenas en el Ley Nº 19.253. III. Los 3 elementos constitutivos del concepto de tierras indígenas. 1. El elemento real. 2. El elemento personal. A. La calidad de indígena de las personas naturales. B. Principales dificultades que irroga la determinación de la calidad indígena de la persona natural en la calificación indígena de inmuebles. C. La calidad de indígena de la comunidad indígena. 3. El elemento funcional. IV. Eventual superposición de título de merced/comisario vigente y titulaciones civiles. V. Conclusiones.

Palabras clave: tierras indígenas, calificación de tierras indígenas, Ley Nº 19.253.
Keywords: indigenous lands, determination of the indigenous quality of real estates, Law Nº 19.253.

¿Qué tan sencillo ha sido para el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura del Perú (VMI) cumplir con el encargo de la agenda indígena en materia de consulta previa? ¿Cuál es la situación en el interior del Ejecutivo respecto al tema? ¿Cómo ha lidiado el VMI con la oposición de los sectores empresariales y el cuestionamiento de las organizaciones indígenas?

La ratificación del Convenio 169 de la OIT se presenta en un momento en que las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado están tensas y donde desde distintos sectores del quehacer político, económico, social y cultural existen visiones contrapuestas sobre cómo enfrentar los conflictos y
qué soluciones adoptar. En este simposio, tres especialistas y una dirigenta aymara reflexionan desde sus particulares prespectivas en torno a cuatro ejes: (i) identidad e igualdad; (ii) soberanía y participación política; (iii) costumbre y aplicación de justicia; y (iv) tierras.

En este informe se analiza el derecho a Consulta Previa Indígena que es garantizado por el Estado de Chile a los pueblos indígenas a través del Convenio 169 de la OIT y las Declaraciones ONU y OEA para pueblos indígenas. Se estudian las similitudes y diferencias entre los distintos articulados, destacando sus falencias, omisiones y también, elementos positivos. Además, se revisan las propuestas nacionales de Consulta Previa Indígena que han regulado este derecho colectivo desde 2009 –Decreto Supremo 124- hasta la actualidad –Decretos Supremos 66 y 40. Por último, se evalúa la pertinencia del consentimiento indígena como vinculante para el emprendimiento conjunto de medidas administrativas y legislativas al interior del territorio.

Damián Todorovich Cartes.
La exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas, son en el ámbito latinoamericano, la expresión de la situación de colonización a que se han visto sometidos desde el siglo XV, con la llegada de los europeos a América y que se mantuvo con las repúblicas nacientes, a partir del siglo de la independencia. La situación de exclusión se reproduce también mediante el discurso jurídico, que responde a la cultura hegemónica, mediante diversos institutos destinados a la “negación del otro” y que establecen, en el mejor de los casos, una “homologación jurídica de la diferencia” que oculta la existencia, en este caso, de los indígenas. En Chile, es la “Ley Indígena”, el instrumento mediante el cual se plantea esta situación de desigualdad, por lo que su modificación resulta justa y necesaria.

A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, se han realizado varios análisis sobre este proceso político que hacen hincapié en la prontitud con la que se aprobó en los primeros meses del gobierno actual. No obstante, dicho proceso acelerado demandó un diseño legal e institucional que, a pesar recibir duras críticas por una fuerte desconfianza de las organizaciones indígenas con el Estado en diferentes escenarios posibles, ha sido adoptado y aceptado pragmáticamente por el Gobierno y las organizaciones indígenas con el anuncio del primer proceso de
consulta previa. El presente artículo recoge esta problemática analizando el proceso de aprobación y reglamentación de la Consulta Previa, enmarcada en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, así como los desafíos del diseño institucional que este proceso demanda.

El objeto de este trabajo, será desarrollar el contenido del derecho a consulta previa de los Pueblos Indígenas, analizando su aplicación en el Proceso Constituyente Indígena (PCI) a efectos de identificar si se ha cumplido o no con los estándares que el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado al efecto.

Memoria de prueba realizada en el marco del Proyecto Fondecyt N° 1151158 (2015-2018) “Derechos de los Pueblos Indígenas y el Estado Chileno: Escenarios Futuros”, del cual la profesora Dra. Jeanne Simon R. es Investigadora principal y la profesora guía, Dra. Amaya Álvez M., Co-Investigadora.

Avalados por marcos jurídicos permisivos y decididas venias políticas, en Chile gobierna la creencia que la libre acción de los mercados sería suficiente para decidir sobre la instalación de proyectos de inversión y ocupación espacial en general. Esto conlleva efectos perniciosos mediante degradación ambiental y fragmentación espacial, siendo sus
habitantes quienes reciben las externalidades del modelo de desarrollo. Esta lógica resulta especialmente traumática para los pueblos Indígenas, cuyas cosmovisiones se basan en una concepción holística del territorio, compuesto por elementos físicos, culturales, religiosos y políticos, sin los cuales no puede entenderse ni perpetuarse su Existencia. Con todo, se avizora hoy un nuevo escenario jurídico-institucional dado por la aprobación del Convenio 169 OIT. Por primera vez se prevé la regulación de la participación continua de los pueblos indígenas en las decisiones que les afecten, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos a la tierra, territorio y recursos naturales. A dilucidar cómo se vincula el ordenamiento territorial con los derechos consagrados en la citada norma del derecho internacional se aboca este artículo.

Não obstante ter havido avanços importantes nos últimos 25 anos no tocante a participação indígena, e mais ainda quando tomamos como referencia o modelo do indigenismo institucional integracionista, instituído na região em meados do século passado, as decisões das políticas públicas ainda estão nas mãos de ferro do Estado. Não quero dizer com isso que as instituições do Estado devam estar ausentes e abrir mão das suas responsabilidades sociais e atribuições. Antes, o que se requer é uma readequação (de fato) desse modelo de Estado, à luz do quadro de direitos estabelecidos na Convenção 169 e na Declaração da ONU. Esse quadro estabelece que aos povos indígenas deva ser garantido o direito de controlar as suas instituições, de controlar seus territórios e os recursos naturais ali existentes, de definir suas prioridades de desenvolvimento, e de participar com o Estado na elaboração, aplicação e avaliação dos planos, políticas e programas que os afetam. Além da adequação da normativa interna, é necessário haver a implementação no plano institucional - político e administrativo. Uma mudança na cultura política e jurídica de funcionários e de operadores do direito. Implica na superação das dificuldades cognitivas em assimilar a ideia de que as regras, normas, valores e comportamentos precisam ser repensados e reformulados, de forma que os povos indígenas sejam ouvidos e que seus interesses e necessidades sejam consideradas nessa readequação do modelo de Estado.

I. Introducción. II. La prohibición de enajenación del artículo 13 de la Ley N° 19.253. III. Acercamiento al vocablo enajenación y alcance no discutido. IV. Las adjudicaciones en relación a la enajenación. Teoría del estatuto personal. V. Las adjudicaciones en relación a la enajenación. Teoría del estatuto real. VI. Necesidad de reinterpretación del vocablo enajenar de manera que abarque la amplia gama de formas de titulación del dominio. VII. Análisis de traslaciones dominicales que eventualmente vulnerarían el estatuto especial de las tierras indígenas. i. Formas directas. a) Títulos translaticios de dominio. b) Modos de extinguir las obligaciones y otras formas. c) Títulos declarativos de dominio o de adjudicación en liquidación de comunidades civiles. d) Títulos declarativos de dominio o de adjudicación en liquidación de comunidades hereditarias. e) Títulos constitutivos de dominio. Ocupación. Accesión. Prescripción adquisitiva. f) Transmisiones testadas por el modo de adquirir derivativo sucesión por causa de muerte con asignaciones a título singular. g) Referencia a las situaciones que se dan al concurrir la autoidentificación del artículo 2 letra c) de la Ley Indígena. ii. Formas indirectas. a) Transmisiones intestadas y testadas por el modo de adquirir derivativo sucesión por causa de muerte con asignaciones a título universal, cuando son 2 o más herederos. Cónyuge autoidentificada indígena heredera. Herederos no indígenas. b) Transmisiones intestadas y testadas por el modo de adquirir derivativo sucesión por causa de muerte con asignaciones a título universal, cuando existe sólo 1 heredero. c) Transmisiones intestadas por el modo de adquirir derivativo sucesión por causa de muerte al Fisco, en el quinto orden sucesorio. d) Cesiones por acto entre vivos del derecho real de herencia, cuando son dos o más herederos. e) Cesiones por acto entre vivos del derecho real de herencia, alcanzando el cesionario el cien por ciento de las acciones y derechos sucesorios. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía.

Trajetórias, narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns Derechos de propiedad ancestral indígena sobre las aguas. Una mirada desde el derecho consuetudinario de los pueblos andinos. Karenn Díaz Campos 1 Resumo: Este trabajo se ocupa de analizar la causa de la pérdida de las aguas de los pueblos originarios del desierto de Atacama en Chile, desde una perspectiva jurídica y social. Así las cosas es importante determinar si la subordinación del sistema jurídico consuetudinario de los pueblos indígenas al sistema hegemónico nacional ha originado una consecuente desprotección jurídica que, unida a la instauración de políticas públicas inadecuadas, fallan en responder a las necesidades de los pueblos originarios en Chile. En América Latina las "culturas de aguas" forman parte del uso y manejo racional del agua y, en Chile no se tiene una verdadera claridad conceptual sobre el alcance de dichos usos consuetudinarios. Este, a su vez ha sido reconocido como un ejercicio de derecho propio de los pueblos indígenas en Chile, tanto a nivel académico como judicial. Palavras-chave: Derecho al agua en Chile; Pueblos originarios; Cultura de aguas; Convenio Nº169 de la OIT. Introducción. En este trabajo se analizan algunos conceptos relevantes sobre la cosmovisión indígena andina del desierto de Atacama que, buscan hacer una necesaria defensa de la cultura del agua" de los pueblos indígenas, como una manifestación del derecho consuetudinario indígena. En esta línea se presenta la discusión sobre si nos encontramos ante un sistema jurídico heterónomo, donde se produce la imposición de un sistema por sobre el propio indígena. En el cénit de este debate nos encontramos con un asunto mayor que, dice relación con los efectos irracionales del derecho en las comunidades ancestrales, sobre todo de un derecho hegemónico que no reconoce las reglas de control social derivadas de la costumbre indígena. Sobre este punto, podríamos discurrir la posibilidad de instalar un modelo jurídico intercultural que, permita asegurar el cumplimiento de los deberes internacionales del Estado de Chile, así como que se configure un bloque jurídico que contemple tanto, la resolución consuetudinaria

É no mínimo impressionante o caminho político percorrido pelos povos in- dígenas e tribais de todo o mundo para defender sua sobrevivência e reivindicar seu direito a resistir aos processos de colonização e desenvolvimento nacionais. Submetidos, exterminados e forçosamente integrados a um modelo de desenvolvimento alheio, estes povos lograram, durante a segunda metade do século 20, conformar movimentos políticos regionais para articular suas reivindicações políticas no discurso jurídico dos direitos humanos. Como resultado deste processo, a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou, em 2007, a primeira Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
Porém, antes mesmo da ONU reconhecer os direitos dos povos indígenas, foi a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a primeira agência internacional a preocupar-se, na década de 1920, com a situação das populações indígenas e tribais no mundo. Ao adotar, em 1989, a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes (C169), a OIT passou a ser também a primeira agência internacional a reconhecer os “povos” indígenas e tribais como sujeitos de direito, protegendo, entre outros, alguns de seus direitos territoriais, políticos, econômicos e sociais. Pese a que tenha sido inicialmente rechaçada por diferentes lideranças indígenas devido a falta de representação indígena na sua elaboração, é inegável a contribuição da Convenção ao desenvolvimento da jurisprudência dos direitos dos povos indígenas e tribais em todo o ocidente.
A Noruega foi o primeiro país a ratificar a C169 em 1990. Até janeiro de 2009, 20 países ratificaram a Convenção. O Brasil ratificou a C169 em 2003,2 comprometendo-se perante a comunidade internacional a proteger a identidade dos povos indígenas e tribais, respeitando suas terras, tradições e formas de organi- zação social.3 De acordo com a normativa da C169, os governos devem consultar estes povos antes de tomar decisões administrativas ou legislativas que os afetem. Em 2008, diversas organizações indígenas e quilombolas do Brasil apresentaram relatórios alternativos à OIT, informando esta agência sobre violações do Estado brasileiro à C169. Em ambos relatórios, as organizações foram enfáticas em de- nunciar o Estado por não cumprir com, entre outros, o dever da consulta.
A consulta é um dos temas da C169 que têm sido mais elaborados nas ob- servações da Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações (CPACR) da OIT. De acordo com o Relator Especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais dos Povos Indígenas (Relator Especial), a questão da consulta prévia é ventilada de forma repetida tanto nos comentários da Comissão de Peritos, como nos relatórios dos comitês tripartites conformados para examinar as reclamações apresentadas contra os Estados nos termos do artigo 24 da Constituição da OIT.4

En el presente artículo, el autor analiza a la concesión minera como aquel acto administrativo que otorga a su titular un derecho real para la exploración y exploración de los recursos minerales concedidos en referencia al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, a través del cual se obligan a los gobiernos a consultar a la población cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Para ello, el autor toma como referencia el caso Atuncolla, el recurso de amparo formulado por las comunidades del distrito de Atuncolla de la región de Puno que busca que las autoridades del MINEM e INGEMMET realicen la consulta previa antes de otorgar títulos mineros.

El presente artículo explora la relación entre derechos indígenas, normas internacionales y desarrollo en América Latina con un foco específico en el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales y su aplicación en la región. Mientras por un lado, el cambio democrático, las reformas constitucionales y el reconocimiento de los pueblos indígenas señalan la emergencia de una nueva era de derechos; por otro, las desigualdades profundas, la persistente pobreza y los conflictos del desarrollo revelan tensiones estructurales y ambigüedades en el reconocimiento. Si bien tal ambigüedad se explica a menudo como una consecuencia de la pobre implementación y de normas de derechos menoscabados, este artículo analiza las tendencias tanto en las formas de gobierno ortodoxas como heterodoxas así como en el ámbito internacional a fin de llamar una mayor atención hacia como? los regímenes de derechos están siendo renegociados. Los derechos bajo esta «nueva ley de la selva» ya no se caracterizan por la negligencia y por la falta de implementación, sino por la reapropiación, la atención estratégica y las negociaciones normativas, lo cual revela una escala móvil de potencialidades entre el empoderamiento y la normalización.

This article explores the relationship between indigenous rights, international standards, and development in Latin America with a specific focus on ILO Convention 169 on the rights of indigenous and tribal peoples and its application in the region. Whereas, on the one hand, democratic change, constitutional reforms and the recognition of indigenous peoples signal the emergence of a new rights era, on the other hand, deep-running inequalities, persistent poverty and development conflicts reveal structural tensions and the ambiguities of recognition. While such ambiguity is often explained as a consequence of poor implementation and compromised rights standards, this article analyses trends in both orthodox and heterodox polities as well as in the international arena in order to draw further attention to how rights regimes are being renegotiated. Rights under this ‘new jungle law’ are no longer characterised by neglect and poor implementation, but through reappropriation, strategic attention and regulatory negotiations, revealing a sliding scale of potentialities between empowerment and normalisation.

El presente artículo busca analizar el estado actual del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. A la vez, se pregunta por los componentes culturales que inciden en la brecha de implementación y ejercicio efectivo de este derecho en casos de conflictos territoriales y ambientales que ponen en cuestión grandes proyectos de inversión, tal como ha sido denunciado internacionalmente por diversos pueblos indígenas.