Jails

With 68% of prisoners recidivating within a three year period, designing and implementing innovative programming within the corrections setting is a necessity. The transient nature of the jail population begets difficulties for its successful implementation and maintenance. Since incarcerated females represent a smaller portion of the population, women, who face different challenges than their male counterparts, often receive less opportunity for programming, especially within the jail setting. Parenting, Prison & Pups (PPP), a program which weaves together an evidence-based parenting curriculum, integrated with the use of Animal Assisted Therapy (AAT), serves as a model for how to implement innovative programming within the jail setting at both the federal and county level for female prisoners. This paper outlines strategies to employ and discusses challenges that arise during program creation, implementation, and evaluation, which all require consideration prior to starting a new jail-based program. Despite a multitude of challenges, well-developed strategies can advance program goals and outcomes.

Presentación.
Por Encarna Bodelón González.

Pat Carlen, una de las investigadoras de mayor reconocimiento internacional en el ámbito de los estudios sobre género y sistemas penitenciarios, afirmaba en 1998 que “la configuración de género del sistema sociopenal –compuesta por controles sociales informales fuera de la prisión (atravesados por diferencias de clase y etnicidad)–, así como las regulaciones penales formales en los sistemas penitenciarios, están creando un gran daño a las mujeres presas, un daño específico por razón de género y desproporcionado” (Carlen, 1998: 47). El libro es una espléndida investigación que muestra de qué manera específica se están produciendo las vulneraciones de derechos de las personas presas y de qué forma la estructura penitenciaria se convierte en un mecanismo social más en la construcción de las identidades de género.
El esfuerzo realizado es muy notable por diversos motivos: en primer lugar, los estudios de género en el ámbito penal-penitenciario son todavía escasos en los países iberoamericanos. La división sexual de la sociedad sigue siendo constantemente naturalizada, no sólo en las prácticas cotidianas, sino también en la investigación social, donde frecuentemente los/las investigadores/as pasan por alto que nuestra realidad está permeada por los mismos mecanismos que fortalecen dichas desigualdades. La prisión ha sido muchas veces estudiada olvidando a las mujeres, homogeneizando la historia de las prisiones de mujeres y de hombres, o pasando por alto la realidad diversa de las reclusiones masculinas y femeninas. Los esfuerzos por describir y comprender los sistemas penitenciarios están incompletos cuando se olvida que la existencia de cárceles de mujeres y hombres está atravesada por la desigualdad de género.
En segundo lugar, se debe destacar que este texto es fruto de la cooperación entre diversas instituciones: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Diversos centros de investigación, variedad de profesionales y una pluralidad metodológica han permitido analizar distintos aspectos para poder interpretar la calidoscópica realidad penitenciaria femenina. La implicación de instituciones estatales en este estudio muestra un loable compromiso con un concepto material de defensa de los derechos humanos en general, y de los derechos de las mujeres en particular.
En tercer lugar, me gustaría destacar el énfasis puesto en la necesidad de tener en cuenta la interseccionalidad de las categorías de género: la importancia de mostrar la realidad plural de las mujeres y cómo la exclusión de género se construye enlazándose con otras exclusiones, como la de clase, etnia, estatus migratorio, opción sexual y capacidades diversas, entre otras.
En la génesis del propio concepto de género está la idea de que nuestra realidad diversa ha sido históricamente apropiada por una división sexual que no sólo excluye estereotipando, sino también simplificando las realidades/identidades múltiples de las mujeres y los hombres. En los últimos años, los estudios feministas han subrayado la necesidad de puntualizar la complejidad de las exclusiones para el caso de las prisiones de mujeres, y la forma en que los procesos de criminalización femenina se nutren de los colectivos de mujeres económica, social y culturalmente más fragilizadas (Carlen, 1998; Almeda, 2003; Nicolás y Bodelón, 2009).
En el plano internacional, los estudios sobre los centros penitenciarios femeninos de los últimos decenios apuntan tendencias muy semejantes. En general, se destaca su fracaso como instrumentos de “resocialización e integración”, como asimismo su caracterización exclusivamente como maquinarias de un poder punitivo que causa daño y suma violencia a las violencias ya vividas, lo que profundiza las brechas sociales, excluye a los ya excluidos y refuerza los patrones de género que provocan desigualdad social y sufrimiento.
Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que en las dos últimas décadas, en el ámbito mundial, la tasa de encarcelamiento femenino se ha incrementado el 159%. Sin embargo, esta escalada no se debe al aumento del número o de la gravedad de los delitos cometidos, sino más bien a un cambio en los criterios de los tribunales sentenciadores y en las prioridades de las políticas de orden público. Tiene que ver también con la criminalización del consumo y el tráfico de drogas. España no escapa a esta tendencia, y se destaca por ser uno de los países europeos con el porcentaje más alto de población femenina en instituciones carcelarias. El perfil de las españolas presas es muy semejante al que muestra esta investigación en la Argentina: nivel educativo bajo, cargas familiares, alto porcentaje de migrantes, mayoritariamente sentenciadas por delitos contra la salud pública a pequeña escala.
La desproporcionada tasa de condenas en el caso de las mujeres migrantes es un fenómeno también común a la Argentina y España. La criminalización del tráfico de drogas se ha acentuado en uno de los escalones más débiles: las mujeres. Dentro de los procesos de globalización económica, la creciente actividad femenina en los “nichos laborales” más precarios, peor remunerados y más peligrosos conduce a numerosas mujeres al comercio ilegal de drogas –una parte más del enorme mercado de economía informal, desregulada–, en el que son mayoritarias. Es que si bien las mujeres hemos globalizado tímidamente nuestras luchas, las nuevas formas del patriarcado capitalista ya hace tiempo que han expandido sobre millones de ellas la pobreza y la marginación (Ribas, Almeda y Bodelón, 2005).
La riqueza del texto permite no sólo tener un panorama de las prisiones de mujeres en la Argentina, sino que propone una interesante reflexión sobre algunos temas clave de la literatura feminista y de género en el ámbito penitenciario, como son la mencionada criminalización de las migrantes, las características de la violencia en las cárceles y el ejercicio de la maternidad.
La defensa de los derechos humanos de las mujeres requiere un conocimiento material de la especificidad de sus vulneraciones. Por ejemplo, no puede garantizarse el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las presas si se desconoce que parte de la violencia que padecen dentro y fuera de las prisiones es de naturaleza sexuada. La garantía de esos derechos en el contexto penitenciario requiere comprender que a la violencia que sufren las personas presas en muchos países se suma la especificidad de la violencia sexuada, con diferencias en el caso de mujeres y hombres. La violencia de género es una constante en la vida de muchas mujeres antes de su entrada en prisión y durante su estancia. Visibilizar esa continuidad de la violencia machista es imprescindible para luchar contra las exclusiones que ellas padecen.
El conocimiento de esas realidades nos permite visualizar también la complejidad de temas como la maternidad en prisión, abordada desde estereotipos que abonan el rol materno tradicional o desde negaciones que deterioran la vida de las madres y sus hijos/as separándolos de ellas. Los problemas de las mujeres madres son los problemas de la vida en un lugar que se ha mostrado, cuando menos, negativo para el desarrollo personal de los seres humanos. En este sentido, la aprobación de la Ley 26.472, que incluye a las mujeres embarazadas o madres de hijos menores de 5 años entre los supuestos en los que procede el arresto domiciliario, constituye un referente muy importante.
Para finalizar, unas palabras de Massimo Pavarini, quien afirma, sobre los encarcelamientos masivos contemporáneos:
En suma: más o menos cárceles en el mundo [...] no parece tener mucho que ver con la criminalidad. [...] Se construye, se impone y se difunde universalmente una nueva filosofía moral, un determinado “punto de vista” sobre el bien y sobre el mal, sobre lo lícito y lo ilícito, sobre el merecimiento de inclusión o de exclusión (Pavarini, 2009: 80).
Efectivamente, los nuevos encarcelamientos contemporáneos expresan la naturaleza de una parte de las desigualdades de nuestras sociedades. En ese contexto, olvidar que una porción de esa exclusión se construye desde la desigualdad sexual, desde un “punto de vista patriarcal”, sería añadir una ceguera más a las ya descriptas por Saramago. Dejemos, pues, que las páginas de este libro permitan ver la realidad de las mujeres argentinas presas, para con esa luz iniciar la salida de la ceguera sexista en las prisiones.

In the context of US urban jails, incarceration is often seen as an opportune intervention point for prevention interventions in public health. For the detained individual, it is an opportunity to reflect on individual choices and the potential for changes in one's life course. For population focused public health professionals, jail detention facilities represent a concentration of health risks, and an opportunity to have an impact on a significant portion of those at risk for HIV and other health concerns. This paper presents an innovative education and empowerment model that bridges across jail walls, beginning on the inside, and continuing on the outside of jail where individuals continue to be challenged and supported toward positive health and social choices. The intervention also seeks to foment community activism in the communities to which jail detainees return, thus aiming to have a structural impact. This paper examines both the intervention model and the challenges of examining the effectiveness claims for the intervention at multiple levels.

The American system of prisons and prisoners—described by its critics as the prison–industrial complex—has grown rapidly since 1970. Increasingly punitive sentencing guidelines and the privatization of prison-related industries and services account for much of this growth.

Those who enter and leave this system are increasingly Black or Latino, poorly educated, lacking vocational skills, struggling with drugs and alcohol, and disabled. Few correctional facilities mitigate the educational and/ or skills deficiencies of their inmates, and most inmates will return home to communities that are ill equipped to house or rehabilitate them.

A more humanistic and community-centered approach to incarceration and rehabilitation may yield more beneficial results for individuals, communities, and, ultimately, society.