La libertad de expresión está garantizada en la Constitución, pero este derecho es constantemente vulnerado por autoridades y actores políticos. Los periodistas y medios que investigan o critican actos de corrupción y violaciones a derechos humanos suelen padecer represalias, como campañas de acoso y persecución penal.
Panorama mediático
En Guatemala, existe una amplia diversidad de medios privados, alternativos y, en menor medida, públicos. Pero, aunque no hay trabas para la creación y operación de medios, la ausencia de una norma regulatoria para las radios comunitarias provoca que sean consideradas ilegales y clausuradas. La crisis económica de los últimos años ha promovido el nacimiento de medios digitales independientes de investigación y otras plataformas informativas. La persecución política y económica del periodismo independiente ha provocado una importante conversión de los medios impresos más importantes del país en medios digitales.
Contexto político
Guatemala atraviesa una crisis sociopolítica desde hace más de un lustro, que provoca que cualquier periodista crítico hacia las autoridades estatales sea víctima de represalias, provocando un grave problema de silenciamiento de la prensa. La revelación de investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción, violaciones a derechos humanos o acciones ilícitas por parte de compañías privadas ocasiona que los periodistas y medios responsables sean blanco de campañas de desprestigio en redes sociales, que pueden llegar hasta la vigilancia estatal, el acoso policial y la criminalización, con la anuencia del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, está en prisión desde mediados de 2022. El diario sufre todo tipo de presiones económicas y demandas abusivas tras revelar casos de corrupción en el gobierno.
Marco legal
La libertad de expresión está garantizada en la Constitución y en la Ley de Emisión del Pensamiento, de rango constitucional. En 2008, el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, para facilitar que medios y ciudadanía fiscalicen al Estado, pero esta norma es incumplida reiteradamente por funcionarios de diversos niveles. En los últimos años, ha habido intentos de aprobar iniciativas para criminalizar las críticas en Internet y las manifestaciones públicas, pero deben ser aún debatidas en el Congreso. Además, la persecución y la censura a los periodistas mediante decisiones judiciales no ha dejado de crecer. Aunque, hasta la fecha, solo tres profesionales de la información están encarcelados, existe el temor a que esta cifra aumente, habida cuenta de las estrategias de acoso judicial en curso en el país.
Contexto económico
La situación económica continúa repercutiendo en los medios, que en los últimos años han realizado importantes recortes de personal debido a la disminución de ingresos por publicidad, lo que también ha obligado a apostar por el contenido digital y el acceso a ciertos contenidos de pago. La pandemia ha agravado esta situación, llevando a la desaparición impresa de La Hora, el último vespertino y el medio más longevo del país, que continúa solo en formato digital. La persecución contra el presidente de El Periódico también provocó que este medio despidiera a la mayoría de su plantilla y dejara de publicarse en su edición impresa.
Contexto sociocultural
Pese a las campañas de difamación y el discurso estigmatizante de las autoridades, los periodistas tienen una alta aceptación entre la ciudadanía, principalmente por su labor fiscalizadora y sus investigaciones. Sin embargo, existen ciertos medios y periodistas que gozan de poca credibilidad por su afinidad al gobierno y otros que son blanco de críticas por su línea editorial sobre derechos de la mujer, la igualdad y la diversidad sexual, y la defensa de los derechos humanos. La cobertura mediática está cada vez más restringida, especialmente en algunos espacios públicos a los que los periodistas críticos tienen prohibida la entrada.
Seguridad
La seguridad de los periodistas se ha degradado en los últimos años y no existen políticas públicas para su protección. Las campañas de difamación, el acoso policial y las agresiones físicas y verbales son los principales atropellos que sufren en el ejercicio de su labor. Al menos cinco periodistas están exiliados y muchos viven la mayor parte del tiempo fuera del país, por temor a su vida o a la de sus familias. En marzo de 2022, el director de Noticias del Puerto, Orlando Villanueva, fue asesinado. En 2023 habrá elecciones generales, período en el que habitualmente aumentan los actos de violencia contra periodistas.