La televisión sigue siendo la principal fuente de información, pero los medios digitales tienen cada vez más importancia. No obstante, cabe distinguir entre las redacciones de medios digitales profesionales, que emplean a periodistas y publican contenidos propios, y los perfiles personales que copian y plagian contenidos. También hay una gran diferencia entre el consumo y la confianza: los canales de televisión más vistos tienen un bajo índice de fiabilidad.

El contexto general del país sigue siendo más bien favorable a la libertad de prensa y deja que el periodismo crítico pueda expresarse, aunque las instituciones son poco transparentes. Debido a la fuerte polarización política de la sociedad, los medios pueden ser objeto de presiones por parte de las autoridades, los políticos y los empresarios. Los dos principales partidos, en el poder y en la oposición, han creado un sistema paralelo de medios leales, sobre los que ejercen su influencia política y económica. El ente público de radiotelevisión no tiene independencia editorial, ni financiera.

Mientras que la Constitución garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura, el país está rezagado en materia de armonización de la legislación sobre los medios según las normas de la Unión Europea, a la que, sin embargo, quiere adherirse. El abuso judicial de la ley sobre la responsabilidad civil por difamación lleva a la autocensura en los medios. Las actuaciones judiciales se utilizan como instrumento de presión hacia los medios independientes. Un proyecto de ley para volver a autorizar la publicidad institucional en los medios privados ha suscitado preocupación acerca del tráfico de influencias ligado a esta práctica.

Aunque la ley prohíbe determinados tipos de concentración de medios, las redacciones de algunas grandes cadenas de televisión están expuestas a las presiones económicas por parte de su propietario. Las ayudas estatales son limitadas y opacas, y los medios independientes dependen, en gran parte, de los donantes. Las ayudas financieras extranjeras, orientadas hacia proyectos específicos, contribuyen a la mera supervivencia, pero no al desarrollo. Existe un tráfico de influencias entre las agencias de marketing y ciertos medios.

A pesar de que el periodismo trabaja en un entorno cultural y socialmente libre de restricciones, las redes sociales e Internet, en general, favorecen la difusión de desinformación y ciberamenazas. Unidas a una normativa profesional poco exigente, han deteriorado la confianza pública en los medios y abierto la vía a los ataques  contra los periodistas, bajo criterios de género, etnia o religión. 

Los periodistas son objeto de ataques verbales regulares. Además, pueden verse expuestos a acciones judiciales y procesos abusivos (“procesos mordaza”, o SLAPP), bajo el pretexto de la protección de  secretos de Estado y de datos personales. Aun así, los tribunales tienden a defender la libertad de prensa y a proteger a los periodistas. En la capital, se ha nombrado a un fiscal especial para tratar los casos de agresiones a periodistas, y se está estudiando la apertura de oficinas similares en el país.