A pesar de no ser un país muy poblado (620 000 habitantes), Montenegro cuenta oficialmente con tres cadenas de televisión con cobertura nacional - incluída la cadena pública RTCG -, y una agencia de prensa. Tres de las cinco redes que aseguran la cobertura a nivel nacional están total o parcialmente controladas por capital extranjero, especialmente por empresas de la vecina Serbia.

Montenegro está gobernado desde hace 30 años, con algunas interrupciones, por el DPS (antiguo Partido Comunista), cuyos miembros han llevado a cabo duras campañas contra los medios de comunicación y los periodistas independientes. Tras su derrota electoral en 2020, las presiones y ataques del gobierno hacia la prensa han disminuido ligeramente, pero las nuevas autoridades siguen intentando controlar a determinados medios y periodistas. Por otro lado, se teme que los propietarios extranjeros de algunos canales puedan influir en las líneas editoriales al servicio de los intereses de otros gobiernos - principalmente el serbio - o de sus protegidos políticos locales.

En Montenegro, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, y la difamación está despenalizada. A pesar de las mejoras del marco jurídico en los últimos años, siguen existiendo lagunas respecto al libre acceso a la información de interés público y la confidencialidad de las fuentes. Esto se traduce en una protección insuficiente de la independencia de los medios frente a las presiones políticas y económicas, que afectan a la propia RTCG, aunque se hayan aprobado nuevas normas al respecto, en 2020.

Siendo el Estado el principal anunciante, éste ha asignado durante décadas, la mayor parte de su publicidad a los medios afines al gobierno. Mientras que la radiotelevisión pública y RTCG están básicamente financiadas por el Estado, los medios privados están a merced de la influencia de los anunciantes y la volatilidad del mercado publicitario. El gobierno ha prestado apoyo financiero a los medios a causa del fuerte impacto económico de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, este apoyo resulta insuficiente para asegurar su subsistencia.

La sociedad montenegrina tiene profundas divisiones étnicas, religiosas y políticas, a las que se suma una cultura política autoritaria heredada de su pasado. En este contexto, se acusa frecuentemente a los medios de trabajar para intereses extranjeros y de traicionar al país o a la iglesia. Los políticos, ya sean del partido en el poder o de la oposición, emprenden frecuentes campañas contra los periodistas.

La práctica totalidad de los ataques contra los periodistas durante 2021 han sido resueltos judicialmente, pero muchos de los que sucedieron en el pasado permanecen impunes, a pesar de las promesas del nuevo gobierno. Es el caso del asesinato del redactor jefe Dusko Jovanovic y de la tentativa de asesinato de la periodista de investigación Olivera Lakić. Tras siete años de proceso por cargos espurios de pertenencia a un grupo criminal, el periodista Jovo Martinovic ha sido finalmente absuelto en 2023.