Asia-Pacífico
Singapur
-
Clasificación 2023
129/ 180
Puntuación: 47,88
Indicador político
155
38.75
Indicador económico
116
42.40
Indicador legislativo
168
27.36
Indicador social
132
51.99
Indicador de seguridad
74
78.89
Clasificación 2022
139/ 180
Puntuación: 44,23
Indicador político
153
39.09
Indicador económico
156
29.21
Indicador legislativo
163
34.21
Indicador social
148
49.25
Indicador de seguridad
84
69.39

Singapur, que presume de su modelo de desarrollo económico, es precisamente un preocupante ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de una libertad de prensa prácticamente inexistente.

Panorama mediático

Pese a sus ínfulas de ser “la Suiza de Asia”, tal y como le gusta exhibir a la propaganda local, la ciudad-Estado tiene poco que envidiar al contraejemplo chino, en lo relativo a la represión de la libertad de prensa. Los ciudadanos tienen que convivir con una maquinaria mediática estrechamente controlada por el gobierno. Las escasas webs de información independiente están siendo reducidas paulatinamente al silencio, a fuerza de ser acosadas por las autoridades, como le sucedió al portal The Online Citizen, obligado al cierre a finales de 2021.

Contexto político

El Partido de Acción Popular (People’s Action Party) del Primer Ministro Lee Hsien Loong, en el poder de forma ininterrumpida desde la independencia de Singapur en 1965, dispone de un arsenal que permite al gobierno la designación directa de los miembros de consejos de administración y los redactores jefe de los grandes medios, responsables de hacer respetar las líneas dictadas por el ejecutivo. Éste decide también, de forma arbitraria, si un medio de prensa extranjero puede ser distribuído o difundido en la ciudad-Estado, o no.

Marco legal

El código penal y la ley de sedición, heredados de la época colonial británica, prevén penas de prisión para el autor de cualquier publicación que pueda promover “mala intención” u “hostilidad” contra el gobierno. Tras la aprobación de la Ley “anti-fake news” en 2019, el gobierno puede también “corregir” cualquier información que pueda considerar falsa o que pueda “mermar la confianza pública hacia el gobierno”. Por último, la Ley sobre la soberanía nacional de 2021 prohíbe publicar a cualquier medio “relacionado con una entidad extranjera” cualquier información política del país, a pesar de que esa “relación” no está claramente definida en dicha ley.  

Contexto económico

Dos grandes grupos controlan la totalidad de la prensa impresa, radiofónica y audiovisual. El primero, MediaCorp, pertenece a una sociedad de inversión estatal, y el segundo, Singapore Press Holdings, es oficialmente privado, a pesar de que sus dirigentes son designados por el Estado. Esto se traduce en una autocensura generalizada incluso para los medios independientes que, a pesar de financiarse de forma alternativa, sufren el acoso judicial y económico del Estado de forma sistemática. 

Contexto sociocultural

La imposición de líneas rojas implícitas - las llamadas “Out of Bounds Markers”, o temas fuera del límite - restringe de forma draconiana la cobertura de un gran número de temas, a través de la acción de la Autoridad de Desarrollo de los Medios (Infocomm Development Authority, IMDA), el brazo armado del Ministerio de la Información. Este “departamento de la censura 2.0” permite que el gobierno imponga a los medios su propia versión de la verdad sobre temas tan diversos como la pena de muerte, la gestión del Covid-19 o el salario de la esposa del primer ministro.   

Seguridad

Los blogueros y periodistas independientes se enfrentan regularmente a un primer ministro que, con su equipo, denuncia y exige sumas desorbitadas a los autores que le puedan resultar molestos. En una sociedad extremadamente conectada, los autores de cualquier información que cruce las líneas rojas pueden exponerse también a campañas de humillación y descrédito orquestadas por los trolls de la PAP, hasta el punto de que muchos de ellos se marchan al exilio, si es que pueden hacerlo.