El presidente Nicolás Maduro destituyó al director de una oficina encargada de fijar los salarios de empleados del Estado venezolano, después de dos semanas de protestas contra una instrucción de pagos creada por ese organismo.
Maduro anunció en Twitter que removía a Marco Polo Cosenza de la dirección de la Oficina Nacional de Presupuesto, conocida como ONAPRE, y nombró en su lugar a Jennifer Quintero de Barrios, así como a un nuevo tesorero nacional, Christian Hernández.
El gobierno venezolano precisó este lunes en una nota de prensa que Quintero de Barrios ejercía como Tesorera Nacional de Venezuela desde noviembre de 2020.
Las decisiones se publicaron además en la edición número 42.439 de la Gaceta Oficial y se conocen después de que trabajadores dependientes de instituciones del Estado, especialmente del sector educación, protestaron en una docena de regiones de Venezuela desde principios de agosto en contra del llamado “Instructivo ONAPRE”.
La Oficina Nacional de Presupuesto, del ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, creó esa norma hace cinco meses para definir cómo se aplicaría el último aumento salarial decretado por el gobierno nacional, pero que sindicalistas y gremios de salud, educación y la administración pública de Venezuela han denunciado como ilegal.
Según sus críticos, el instructivo ignora las convenciones colectivas vigentes, disminuye los montos de bonificaciones, no toma en cuenta la antigüedad o experiencia del personal y recorta los pagos de diferentes primas.
Los salarios de decenas de miles de trabajadores del Estado quedaron reducidos a la mitad, es decir, que los “aplanaron”, según denunciaron.
Las protestas coincidieron con decenas de manifestaciones de profesores, empleados y obreros de preescolares, colegios y universidades públicas de Venezuela por el pago fraccionado del bono vacacional, cuya mayor parte se terminaría cancelando entre enero y junio de 2023, reclamaron.
La semana pasada, luego de esas quejas públicas en Caracas, Yaracuy y Zulia, entre otras regiones, el gobierno madurista anunció que pagaría completo esa bonificación esta semana.
Voceros de los educadores venezolanos anunciaron que las protestas continuarían a pesar de la promesa de pago, ahora enfocadas en exigir la anulación del “Instructivo ONAPRE”.
Las autoridades de varias universidades públicas del país demandaron la nulidad del “Instructivo ONAPRE” ante el Tribunal Supremo de Justicia, que suele favorecer con sus decisiones al gobierno de Maduro. La Sala Político Administrativa admitió el caso en julio, pero se negó a dejarlo sin efecto mientras avanza el juicio, como pedían los universitarios.
Maduro se refirió al asunto la semana pasada durante un acto público, cuando una mujer presente en el evento le gritó una frase inentendible en la transmisión en vivo por televisión, pero que criticaba a la normativa sobre criterios de salarios de la ONAPRE.
“Eso que estás diciendo no es así y si quieres lo hablamos personalmente, no es verdad. Es una campañita que nos tienen por las redes”, manifestó el líder político, antes de denunciar “manipulaciones de la izquierda fracasada, aliada con la derecha corrupta”.
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